Si la/s identidad/es nacional/es son un tema recurrente en España, no podemos obviar que no somos los únicos silenciosos sufridores de esta voraginosa hemorroide que se extiende por Europa. Huelga que diga -de nuevo, y ya van unas cuantas veces-, que soy eurofederalista, y como tal, persigo una plena confederación europea, que nos haga ser un actor global en mayúsculas, pero que a la vez de cabida a todas las sensibilidades nacionales; pero que no se me confunda: que piense que una clara y rotunda indentidad europea puede permitirnos dar espacio a los sentimientos nacionalistas subestatales, no quiere decir que tengamos que hacer aparecer estados hasta del bolsillo de la chaqueta, porque el error de base del racionamiento independentista es confundir Estado con identidad nacional.
Este es el debate del día -y del siglo- en muchos estados europeos: Bélgica y su “romper o no romper”, el Reino Unido y sus conocidas disputas entre los países constituyentes, España y su… ¿para qué hablar de España?, la Francia de las regiones con aspiraciones, y como no, el menos y más nacionalista a la vez de los Estados europeos -salvando nuestra España-, Italia. Con la frase ‘il Ministro per il Federalismo sono io’, el lider del partido ultranacionalista padano, Lega Nord, ha dado el titular de la semana en la prensa del Bel Paese. La disputa se centra ahora entre las competencias de las carteras de Reformas para el Federalismo y Actuaciones del Federalismo, los dos ministerios de Estado creados por el Presidente del Consejo, Silvio Berlusconi, para contentar por una parte a los ultranacionalistas padanos que le apoyan en el rico norte, y por otra, a los líderes territoriales de su propio partido.
El líder de la Lega Nord y Ministro per le Riforme del Federalismo, Umberto Bossi
Dos son las actuaciones: por una parte, el ‘leghista’ Bossi (Reformas para el Federalismo) tiene encomendado convertir al Estado regional italiano (con regiones autónomas y ordinarias) en un Estado federal que contente temporalmente las aspiraciones independentistas de esta Lega Nord, que aspira a la división de Italia en dos Estados: por una parte, la Padania, el norte rico (aproximadamente todo lo que queda en una línea trazada al norte de Roma), y a otra, el menos rico sur. Brancher (Actuaciones del Federalismo), en cambio, está encargado de descentralizar la administración de la República, descapitalizando a la ciudad eterna, y repartiendo ministerios y administraciones a lo largo y ancho del país, en un café para todos, que tratándose de Italia corre el riesgo de acabar en chiste -no se extrañe si pronto proponen al propio Berlusconi descentralizar su Palazzo Chigi -la sede romana de la presidencia-, y trasladarlo a la mitad de los Alpes-.
¿No le parece ridículo que un país y extremadamente sobreadministrado, con 20 regiones (entre las ordinarias, las autónomas, y las regiones que son a la vez provincias autónomas), 110 provincias (entre ellas algunas más pequeñas que los municipios españoles, y con hasta 3 cocapitales), y la nada despreciable cifra de 8101 municipios, todos ellos con gobiernos y parlamentos electos en elecciones directas, el problema nacional sea si son un Estado federal o no, o si los ministerios están en Roma, en Milán, en Nápoles, en Venecia, o en sumergidos en mitad del Adriático? El problema de Italia empieza -y acaba- por una reorganización nacional por completo, que elimine administraciones inutiles, cargos públicos, fusione regiones y provincias (aunque la tónica de los únicos años es crear cada vez más), y deje una administración pública sostenible.
Pero si esta reflexión vale en Italia, también vale en España. Hace unas semanas el Ministro de Fomento, José Blanco (PSOE), coincidia temportalmente con el Conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco (PP), y estos a su vez con la Alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP): estos tres pesos pesados de los dos grandes partidos llegaron a la misma conclusión, es necesario estudiar si se eliminan las diputaciones o si se fusionan municipios, es decir, si se reduce la adminsitración pública innecesaria. Y es que no se trata de eliminar competencias, pero mantener administraciones arcaicas y carísimas, con miles de euros en edificios, sueldos, cargos públicos y altos funcionarios, que además, desdignifican la política, porque literalmente, no sirven más que para despilfarrar el dinero público.
Porque al mismo tiempo que decimos que los cargos públicos más importantes cobran sueldos ridículos para las respondabilidades que ejercen (hoy mismo el exministro Boyer comentaba lo que yo también opino, y es que si se siguen bajando los sueldos, el analfabetismo se va a apoderar de los poderes públicos), corporaciones locales y diputaciones provinciales mantienen unos niveles de gasto suntuario despropocionados en comparación con su actividad. Pequeños municipios que no pueden de por si mantener los servicios públicos, o diputaciones provinciales que no tienen una utilidad real despilfarran el dinero del contribuyente, y desgastan aún más la opinión que los ciudadanos tienen de la política. Alcaldes (o incluso concejales), y lo que es peor aún, presidentes de diputación y diputados provinciales, que cobran sueldos de 6 cifras, algunos incluso en la oposición, que viajan en coche oficial, y disponen de ‘firma’ en restaurantes, a cambio de la muy honrada labor de no hacer nada, no por desgana -pues la mayoría de ellos han más que demostrado su valia en otras instituciones, que suelen compaginar con el cargo en la corporación provincial o local-, sino porque realmente la administración que gobiernan ni tiene competencias, ni tiene utilidad.
Si el ministro Blanco, o el conseller Blasco, o la alcaldesa Barberá, o cualquier persona con sentido común propone disolver las diputaciones provinciales en España, o fusionar los ayuntamientos que por su población no pueden ejercer sus competencias -o incluso aquellos que si pueden, pero que se encuentran conurbados con otros municipios, existiendo la posibilidad de crear uno mayor-, yo digo adelante. Adelante por la claridad administrativa, por el ahorro, por la sencillez en la gestión y hasta por la dignidad de la política.
Este es el coche oficial del alcalde de Sierra de Yeguas (3566 hab., equivalente a Albalat dels Sorells), en la provincia de Málaga, que es un ‘obsequio’ de parte de la Diputación malacitana, gobernada por el PSOE. Un ejemplo más del despilfarro: mientras el Presidente del Gobierno cobra sueldo de concejal de pueblo, un alcalde de aldea viaje en coche de lujo a cargo de las cuentas públicas.
