Estimados amigos,

quiero aprovechar estas líneas para incitaros a firmar el Manifiesto por el Castellano en defensa de la lengua común de los españoles y de más de 500 millones de personas en el mundo frente a los ataques de los radicales que se niegan a reconocer que el derecho de las personas a escoger la lengua en la que hablan está por encima de cualquier derecho que se le pudiese suponer a las lenguas.

Podeis leer el manifiesto aquí y firmarlo aquí.

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Estimats amics,

vull aprofitar aquestes línies per incitar-vos a signar el Manifest pel Castellà, en defensa de la llengua comuna dels espanyols i de més de 500 milions de persones per tot el mòn en front als atacs dels radicals que es neguen a reconèixer que el dret de les persones a trïar la llengua en la qual parlen és per damunt de qualsevol altre dret que es puguera suposar a les llengües.

Podeu llegir el manifiest ací i signar-ho aquí.

El Gobierno, dando un paso atrás en el tiempo al siglo XVIII, parece que vuelve a establecer en nuestro país el vasallaje, pero ahora no somos súbditos de noble alguno, sino de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Todos los españoles somos desde ahora, delincuentes, se acabói la presunción de inocencia. Desde el Rey hasta un servidor, pasando por el Presidente del Gobierno o el del Congreso. Todos tendremos que pagar un intolerable y muy abultado canon por productos digitales, independientemente de lo que vayamos a hacer con ellos. Es claramente, en mi opinión, una violación de los derechos constitucionales de los españoles y clara y directamente, de la presunción de inocencia. Ya no somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, ahora somos culpables de violar los derechos de propiedad intelectual, de pirateria, se demuestre lo contrario o no.

Pagaremos 3,15 euros por un reproductor de MP3, aunque compremos la música que escuchemos con él, 1,10 euros por un teléfono movil, aunque solo lo usemos para llamar,  0,60 euros por un DVD, aunque lo utilicemos para guardar las fotos de nuestras vacaciones, 12 euros por un disco duro,  10 euros por una impresora láser multifunción, aunque imprimamos billetes electrónicos de avión con ella o 9 euros por un escáner, pese a que fotocopiemos nuestro DNI o el Libro de Familia.

¿Que pensarian si al comprar un coche en un concesionario pagasemos, no se, 3000 € de “canon automovilistico” por las veces que con él incumpliesemos la ley? Que es un robo intolerable e insultante, yo por lo menos. Pues no quedemos impasibles ante el intento del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero de institucionalizar, de nuevo y a mayor cantidad, el robo por parte de la SGAE a todos los españoles.

Españoles y españolas, ciudadano y ciudadanas, compañeros y compañeras… Son algunas de las fórmulas repetitivas y redudantes, contrarias a la economía lingüística y casi al sentido común que fueron popularizadas hace no mucho por la Izquierda Abertzale. Y fueron los “batasunos” los que con su popular capacidad de síntesis y su notable don de la palabra (nótese la ironía) los que contagiaron este error lingüístico (que pese a error queda muy moderno) al resto de la izquierda. El Coordinador General de Izquierda Unida o el Secretario General de los socialistas y Presidente del Gobierno no quedan ajenos a la moda de la nueva oratoria progresista. Hoy, si no repites hasta la saciedad las palabras en sus dos géneros posibles, obviando que el masculino abarca al femenino eres cuanto menos conservador, si no te ves acusado de sexista, machista o váyase usted a saber.

Pero sin duda, el error más sonado ha sido el de la Ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en Comisión del Congreso de los Diputados (y las Diputadas), que de paso que cambiaba el nombre a organismos constitucionales (Consejo de Ministros “y Ministras”) se eregía en adalid de la modernidad progresista, de la igualdad y de la lengua castellana con su ya famosa locución “miembros y miembras”. Pero bueno, un error lo tiene cualquiera, y más aún después de haber dicho “ciudadanos y ciudadanas”, “españoles y españolas”, “ministros y ministras”, “senadores y senadoras” o “diputados y diputadas”, pero lo que no hace cualquiera es llevar su error ante la Real Academia Española con una escusa inventada (porque, señores, en Centroamérica, “miembras” solo lo dice la Ministra Aído).

Srta. Aído, comportese como una Ministra de España y no como un mono de feria. La pagamos para que defienda la igualdad entre personas no para que mande al psiquiatra al Presidente Berlusconi o para que haga recomendaciones a la Real Academia, y para lo que seguro que no la pagamos, es para que haga el ridículo bajo la marca del “Gobierno de España”.