Algunos líderes socialistas y de otros partidos del “universo progre” destacan por no tener más política que la de la confrontación, la política del ‘no’ a todo lo que no venga de su sector ideológico. Se dedican al no sin sentido y por sistema, a lo que sea y sin razones.
A la feligresía socialista no le hacen falta razones para oponerse a nada. Ellos están por encima de todo, del bien y del mal, del ser y de la razón y por supuesto, de sus propios preceptos. Cualquier razonamiento es para ellos demagógico, aún cuando parece que Aristoteles se fijara en los socialistas -y muy especialmente en los socialistas valencianos- cuando definió la demagogia. A cualquier propuesta que no venga de su reducido espectro ideológico rapidamente la tachan de antidemocrática o interesada, precisamente cuando los propios socialistas encabezan la política del interés.
Vuelven sobre sus pasos, una y otra vez. Hundieron el régimen “democrático” durante la II República, y luego estuvieron a punto de hundir la democracia liberal durante el Gobierno de Felipe González. Ahora, vuelve a la carga contra los valores y principios más básicos en una democracia, y sobretodo, contra el respeto a los que piensan diferente que ellos.
Su reducido universo endogámico no les permite ver más allá de sus narices, o de sus intereses, por encima de los cuales está la democracia, el Estado de Derecho. No se puede dar ordenes desde el Ejecutivo a la Fiscalía, ni mucho menos a la Audiencia Nacional; no se puede vulnerar los derechos de los detenidos, ni detener a nadie por el “delito” de ser del partido de la oposición; no se puede espiar a nadie, al menos, sin autorización judicial, y mucho menos filtrar los datos de los espionajes a los medios afines, a los que se les debe favores.
Quién hace eso debe dar explicaciones a la ciudadanía, y ante los tribunales, pero ni María Teresa Fernández de la Vega, ni Afredo Pérez Rubalcaba ni ningún otro alto cargo del gobierno socialista está dispuesto a asumir su obligación democrática de responder ante el Congreso de los Diputados. No comparecerán, quizás tengan miedo de que se sepa la verdad.
No es la primera vez, ni será la última, que el gobierno socialista ignora el parlamento y se cree por encima de él y de la ley. No les importa que el Senado pida la dimisión de uno u otro ministro o que el Congreso exija la comparecencia de algún miembro del gobierno o de otros estamentos de la Administración.
La responsabilidad ni la conocen, ni se les espera. Al menos que sean realistas y que haga emigren a Corea del Norte o a Cuba, cuyos gobiernos están más cercanos a sus actitudes y a sus posiciones ideológicas.

